Entrevista directa política

Entrevista Directa: Indolencia en las instituciones: sobre el recurso de protección de agua para los campamentos de Temuco presentado por Abofem.

En esta oportunidad conversamos con Vivian Palacios Franco, Abogada Feminista con un Postítulo en Teoría de Género, Políticas Públicas y Desarrollo del CIEG (Centro Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Chile), entre otros títulos y Directora Regional de Abofem Wallmapu, entidad que a fines de abril de este año presentara un recurso de protección de agua para los campamentos de Temuco

Cómo fue que Abofem se involucró en el tema de los campamentos de Temuco y en específico en el recurso de protección de agua para éstos?

Uno de nuestros objetivos específicos como Asociación de Abogadas Feministas, es la promoción constante del enfoque feminista y de derechos humanos; e ir plasmando dicho objetivo en distintas acciones para propender a una transformación de la estructura patriarcal del derecho y la sociedad. En este caso en particular, nosotras visibilizamos una dimensión de género importante dentro del derecho al agua potable en contexto de pandemia debido al alto porcentaje de habitantes de los campamentos que son precisamente mujeres, que tienen el rol de jefas de hogar, de madres, y a la vez el rol de lideresas. Para nosotras es clara la mirada de género en relación a la vivienda autoconstruida, donde son finalmente las mujeres, las que crean hogar en los asentamientos y desde donde aportan en la construcción de la ciudad, parafraseando a la ONU.  El “enlace final” se produce porque tenemos harto trabajo en terreno como asociación (en estos 2 años que llevamos como asociación en el Gulumapu) y desde distintos espacios, otras mujeres nos habían expresado la inquietud de que pudiéramos accionar a favor de las familias de asentamientos informales, como efectivamente ocurrió a fines de Abril.

¿En qué consiste específicamente el recurso de protección de agua para los campamentos?

Recordemos el escenario general:en el mes de Febrero el MINVU contabilizó en casi 2,000 las familias de la región que vivían en asentamientos informales. Luego el INDH regional comunicó que eran alrededor de 1,200 según sus catastros. Esa situación, fue informada a todas las autoridades comunales y centrales, pero la respuesta en ese momento fue que debíanabandonar las tomas, volver a las casas donde vivían antes, y “ponerse a la fila” de los subsidios estatales, que en Chile bordea un tiempo promedio de 10 años.

¿Cuál fue el problema? -y es aquí donde comienza el problema jurídico que – en febrero estas mismas autoridades ya estaban en conocimiento de que se acercaba una pandemia, ya se había dictado el decreto N° 4 del MINSAL que otorgaba facultades especiales para prevenir contagios, y contando con todos los antecedente que justificaban tomar medidas urgentes, las autoridades no tomaron medidas preventivas en favor de estas familias, como por ejemplo: organizar albergues para que pudieran hacer cuarentena en condiciones dignas, ordenar detener los desalojos mientras durara la alerta sanitaria y lo más grave es que omiten subsanar el acceso al agua potable y alimentos, que en definitiva estas son las peticiones específicas del recurso.

Esta decisión de no hacerse cargo, es la que como organización – estimamos-  constituye una  amenaza y una vulneración al derecho a la vida y a la salud, claramente establecido en el art. 19 n°1 de la Constitución. Aquí no hay uno, sino varios servicios públicos que no reaccionaron de manera eficiente y efectiva en pro de la seguridad y salubridad de la ciudadanía y que no están dando cumplimiento a la obligación jurídica que tiene el Estado en materia de salud y protección de la población más vulnerable, así como lo dispone el derecho internacional vigente.

Cuáles son las instituciones a las que tu aludes y qué críticas podrías hacerles?

El recurso está dirigido contra tres instituciones: la Municipalidad de Temuco, la Gobernación Provincial Cautín y la Seremi de Salud. Si bien cada uno de estos organismos tiene diferentes obligaciones y facultades, todos ellos son organismos del Estado, y por ende, debían ajustar sus acciones y omisiones a la Constitución y a los tratados internacionales de Derechos Humanos; así se organiza este Estado de Derecho, tal como se desprende de los artículos 5 y 6 de la misma Constitución y es justamente esta estructura que los tribunales no pueden obviar.

Ahora, yo sintonizo con que la crítica transversal es que estas autoridades están tomando decisiones, administrando la comuna y la región sin perspectiva de derechos ni de salud pública; pensemos por ejemplo, que mientras la OMS estableció que el consumo mínimo diario por cada persona es de 100 litros, y que para prevenir el contagio de Covid se recomienda el lavado de manos 8 veces al día, en Temuco no hay una intención geo-eco-política que haga pensar a las autoridades en la pandemia más allá del orden público. Tanto es así que en la carpeta judicial consta que han preferido decir que “no existe el derecho humano al agua”, o “que no hay vulneración de derechos ya que viven ahí por voluntad propia” lo que está totalmente desconectado de la realidad, y más gravemente, hasta reproduce sesgos de clase. En ésta crisis social quedó en evidencia una vez más la desigualdad y la necesidad urgente de un modelo descentralizado para abordar demandas locales, que tengan un impacto-resultado inmediato y que no profundicen inequidad social y territorial. Pese a todo ello, lo positivo es que esta opinión dejó de ser un tema que dividiera a Chile, y pasó a ser un diagnóstico bastante transversal: hay órganos y/o autoridades que han venido perpetuando un sistema de vivienda neoliberal, que privilegia el subsidio a gran escala, que beneficia al sector privado, que crea viviendas en la periferia, sin una debida planificación ni gestión participativa real, y que reproduce un modelo que no nos permite tener siquiera las medidas básicas para hacer frente a una pandemia de estas características.

Cuáles son las principales demandas de las pobladoras de los campamentos?

Tal como ellos mismos han manifestado, la primera demanda es la vivienda digna, o el derecho a la vivienda. Recordemos, si, que esto no es un “derecho” en la actual Constitución, por cuanto aún tenemos una Constitución que sólo otorga libertades: y es por eso que se hace tan evidente la necesidad de transitar hacia una nueva constitución con enfoque de derechos sociales. Fuera de eso –y dado la emergencia- las dirigentas manifestaron y se organizaron en torno a la necesidad urgente del agua potable y la alimentación para las familias que actualmente están viviendo en situación de campamento.

Ahora ¿Qué esperan ustedes como Abofem del recurso de protección por el agua en los campamentos?

Una primera parte se ha logrado, que era aportar en la sensibilización; pensemos que hasta hace poco, había quienes negaban la existencia de estas familias, incluso autoridades que afirmaban que los campamentos no existían en Temuco, que prácticamente era un tongo político; tuvo que venir una periodista de Santiago a mostrar en horario prime a todo Chile que esta gente si existía. Creo que esa indolencia, esa indiferencia  hacia la pobreza y hacia el prójimo disminuyó. Ahora, Temuco se llenó de redes de solidaridad, activadas justamente ante el abandono del estado. También consideremos que el recurso se ingresó a fines de abril, y solamente desde entonces la autoridad reaccionó: por ejemplo, recién el 10 de mayo se repartieron 4.000 litros de agua (insuficientes por cierto), y el primer caso Covid en Temuco fue el 14 de Marzo. Ahora, como pretensión jurídica, por supuesto esperamos que la acción sea acogida: que se establezca que el Estado tiene que garantizar el acceso al agua sin discriminación y que se adopten las medidas mínimas para lograr ese objetivo. En ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos es bien clara en su razonamiento en cuanto a exigir que los Estados garanticen un mínimo esencial de agua en aquellos para casos particulares de personas que no están en condiciones de acceder por si mismos a ella, por razones ajenas a su voluntad como son, por ejemplo, las personas en situación de vulnerabilidad social, y lógicamente esperamos que el Poder Judicial Chileno adopte ese criterio. En lo personal, yo espero que esta región deje de ser “tierra de nadie” en materia de derechos humanos.

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