Industrias Creativas

Arquitectura: estallido social, campamentos y políticas habitacionales.

En esta oportunidad conversamos con los integrantes de SpacioVivo Arquitectura, Construcción y Paisajismo: Claudia Isabel Narváez López, Arquitecta y Docente universitaria, especializada en planimetría y diseño habitacional, Vannesa Marisel Silva Gutierrez, Ingeniera Constructora, especializada en Formulación de Proyectos y Francisco Javier Cabellos Martínez, Psicólogo Social especialista en Desarrollo Territorial, quienes han desarrollado una actividad de más de 15 años en el desarrollo de proyectos habitacionales sociales para grupos vulnerables, rurales y urbanos. En sus palabras: “una gestión profesionalmente impropia o una gestión perversamente negligente, herederas de la desconexión ciudadana que ha caracterizado el perfil de gestión política de este gobierno, serían las únicas razones de una actitud de sorpresa ante la eclosión de los campamentos en la ciudad de Temuco”.

Desde el 18 de octubre de 2019 Chile ha venido experimentando convulsiones multidimensionales donde no podemos excluir a la arquitectura, el urbanismo, la ciudad, la vivienda y los habitantes, que a la vez son ciudadanos y pobladores. En este sentido ¿Cuáles son los principales cambios que ha sufrido la ciudad y sus habitantes en el marco, primero del estallido social y posteriormente el advenimiento del covid-19?

Tras el “estallido social”, que develó el hastío generalizado de la población con las crónicas desigualdades económicas y validó la acción de protesta social, la expresión de desacuerdo, descontento y reivindicación en relación con un amplio espectro de dimensiones de la vida relevantes para la ciudadanía, abrió las compuertas para que en todo el país salieran a la luz expresiones concretas, abundantes, frecuentes, graves y sostenidas de trasgresión, cuando no de abierto soslayo de derechos humanos fundamentales. Este es uno de los principales cambios en la conciencia nacional tras la rebelión de Octubre: reconocer el abuso masivo y sostenido, y reclamar la instalación de la dignidad como bien nacional superior.

Un caso representativo de ese cambio de conciencia lo representa nuestra comuna, donde la onda expansiva de ese ímpetu ciudadano por denunciar el abuso y reivindicar la dignidad incentivó que en Temuco, capital de la región más pobre del país, hiciera eclosión un inmenso grupo de familias, estimado a inicios de 2020 en un número aproximado a 1300, las cuales – excluidas de una política habitacional ciega – se habían mantenido invisibles en los espacios que podían disponer como allegados o en condiciones de arriendo precario, realizando un heroico esfuerzo de autonomía personal y familiar, que inmoralmente utilizaron las autoridades locales hace algunos años para declarar la erradicación definitiva de los campamentos en esta ciudad y el éxito de sus políticas. Pero toda esa retórica era un reprochable espejismo alimentado con espurias maniobras, que se diluyó inmediatamente después que estas familias excluidas, precarizadas, sin alternativas de materialización de una vida digna y de movilidad y ascenso socioeconómico, desbordaran los estrechos canales institucionales existentes – tan cuestionados por la movilización nacional – e irrumpieran en la escena pública reivindicando el derecho a la vivienda y a la ciudad con acciones directas, ocupando terrenos baldíos en distintos sectores de la ciudad, unos públicos y otros privados, en los que como un ejercicio comunitario ancestral, en una suerte de peregrinación cooperativa, se fueron levantando, con las diferencias que constituyen a esos mismos grupos humanos, asentamientos habitacionales de calidad, dimensión y funcionalidades variadas; florecieron ahí – aun cuando con los estigmas propios de quienes desbordan el orden para propiciar el progreso – las banderas que vendrían a asentar en el imaginario local la permanente existencia de agudos grados de déficit habitacional, el fracaso de unas muy celebradas políticas y la tergiversación de la realidad hecha por las autoridades locales para defender sus ineficaces desempeños.

Así, entonces, la eclosión de campamentos en Temuco tras octubre del 2019 estuvo en plena sintonía con el proceso nacional, el cual observó un ascenso de más de 300% en el número de familia en situación de campamentos, y el incremento de éstos en más de un 100% en el período posterior a la rebelión social, habiéndose desnudado así la precariedad de una política habitacional promocionada truculentamente como eficaz y exitosa. Esta fue la versión habitacional del denominado “estallido” social, una de las más significativas si no la principal reivindicación subyacente a las aspiraciones de cambios social: por un lado, el derecho a la dignidad del hábitat, esto es a la satisfacción con los elementos que conforman el espacio, el lugar, el hogar, la comunidad, el barrio donde desplegamos nuestros comportamientos y coordinaciones como seres humanos; por otro lado, el derecho a la dignidad del habitar, esto el respecto, promoción y fomento de las propias pautas de vida, creencias, costumbres, modos de pensar y sentir, de acuerdo a como se modelan las identidades en aquellos espacios que constituyen nuestro hábitat cotidiano.

Considerado así el panorama esbozado, la eclosión de los campamentos en la ciudad de Temuco, además de un fenómeno vinculado a la materialidad de la vivienda, también y muy especialmente es un fenómeno político y cultural, que empalma con la herencia de los viejos repertorios de protesta política llevados adelantes por los sectores populares de mediados del siglo pasado, que buscaban un espacio para incluirse en el progreso que la sociedad urbana prometía y los Estados intensionaban, repertorios – sin embargo – reactualizados a las circunstancias de exclusión extremas instaladas por el neoliberalismo y revitalizados con el auge de la rebelión nacional.

Esta circunstancia histórica de auge para un nuevo proceso de protagonismo político de actores poblacionales vino a adquirir aun tintes más dramáticos con la concurrencia de la pandemia de COVID19, llevando las expresiones de esta crisis urbana de habitabilidad a grados de catástrofe humanitaria, cuando fueron sumadas a la acciones de represión policial – ya impropias para la debacle social en ciernes – omisiones de atención activas a las demandas de aprovisionamiento de agua provenientes de los campamentos por parte del municipio de Temuco, cuando los ingresos habían mermado hasta su inexistencia para disponer de otras fuentes de abastecimiento, cuando las redes de apoyo estatal estaban desarticuladas para suplir carencias agudas de servicios, cuando los miembros de la familia debieron conglomerarse en espacios pequeños, de mala calidad y poco funcionales, para rumear frio, hambre, desesperanza, rabia y un profundo pánico por el devenir.

No debe perderse nunca de vista que en la ciudad se manifiestan, de forma material tanto como simbólica, procesos permanentes de cambio sociocultural en sus distintas escalas, desde lo estructural o económico productivo, hasta lo microsocial o doméstico, lo configurado por la experiencia, por la vivencia personal, psicológica, emocional; y mucho de esa experiencia se ha visto drásticamente afectado por las transformaciones y trastornos acontecidos tras el “estallido”, condiciones dramáticamente agravadas por la pandemia, y de cuya incidencia puede darse cuenta en el ejercicio de internarnos en la ciudad para ver como las cuarentenas hicieron visible la forma en la que estamos habitando, en las que estamos viviendo nuestra comuna, nuestras casas, departamentos, espacios; nuestras familias y condiciones de vida.

Se reconfiguraron completamente las prácticas cotidianas que se daban en la ciudad y la estructura que la sostenía, acomodada y desarrollada para instalar un imaginario de sociedad neoliberal tipo “paraíso”, el cual generó una suerte de distopía entre la estructura de la ciudad que estaba hecha para el ”mall “ y la rebelión de octubre que empezó a mostrar que la reivindicación de la dignidad no puede ser contenida por la traza de la ciudad, desbordándola en una asamblea constituyente que – lo más probable – en sus expresiones futuras vaya a tener prescripciones materiales para la ciudad, avizorándose un proceso de discusión progresista sobre  los modos en que se construye, en que se hace ciudad y ciudadanía, ahora que el poder constituyente retorne, “en la medida de lo posible”, a la población.

Así como el estallido social del 18 de octubre no se vio venir por parte de la clase política y las élites ¿Se pudo haber visto venir la explosión de campamentos días después del estallido social en gran parte de la periferia de la ciudad de Temuco por parte del gobierno local o municipio, en la figura del ex alcalde Miguel Ángel Becker y otras autoridades como el director del MINVU o de SERVIU?

Una de las cualidades más relevantes del municipio – y por su envergadura aún más de las entidades del gobierno central, sea por razones de demanda de gestión tanto como estratégicas – incumbe a la generación de una abundante cantidad de datos e información en distintos niveles, ámbitos y sectores, a estas alturas del avance tecnológico y a pesar de los magros avances en modernización del Estado chileno administrados con sofisticados sistemas informáticos, de significativa cobertura, precisión y velocidad de recuperación. Con estas condiciones de gestión pública disponibles resulta incomprensible que cualquier planificador territorial que conozca los métodos estadísticos de la demografía para calcular la proyección del crecimiento poblacional, no hubiera tenido plena conciencia respecto de la brecha progresiva que se iba instalando entre la velocidad de provisión de soluciones habitacionales por parte de la política estatal – la que se detuvo en el municipio durante los últimos años – y el crecimiento vegetativo de la población y sus demandas de habitación. Así, entonces, una gestión profesionalmente impropia o una gestión perversamente negligente, herederas de la desconexión ciudadana que ha caracterizado el perfil de gestión política de este gobierno, serían las únicas razones de una actitud de sorpresa ante la eclosión de los campamentos en la ciudad de Temuco, puesto que cualquier análisis técnico competente habría identificado inmediata y cabalmente la “olla a presión” que se produce cuando no se considera que las familias que transitan de asentamientos habitacionales precarios a soluciones habitacionales definitivas, en el transcurso de tiempo crecen, nacen hijos, algunos de ellos se casan, vienen nietos; en definitiva, crecen las familias  a un ritmo que cuando han  accedido a su vivienda definitiva ya cargan con un contingente de miembros que integrarán la condición de allegados, quienes constituirán nuevamente demanda no cubierta, susceptible de ir a conformar nuevos asentamientos irregulares o campamentos junto a la población que aun migra del campo a la ciudad, a la que se suma también la nueva ola de poblaciones migrantes. No reconocer este fenómeno es negar la herencia de las ciencias territoriales, para elegir actuar de forma discrecional, caprichosa, con las deplorables consecuencias que el caso en cuestión delata.

Hace poco se ganó en tribunales el recurso de agua para los campamentos. En este sentido ¿Cómo describirían ustedes el actuar del gobierno frente a las demandas  de vivienda por parte de los sectores más deprivados de la sociedad como son los campamentos surgidos post estallido social y sus requerimientos más básicos como el agua potable?

Este triunfo legal de los campamentos deja justamente en evidencia la política que develábamos en la pregunta precedente. Era absolutamente previsible para cualquier equipo técnico competente que la “olla a presión” descrita antes explotaría, proyectando severos perjuicios para los habitantes de los campamentos cuando llegara a azolar la pandemia; basta considerar que sólo en población menor a 14 años la falta de acceso a provisión de agua potable alcanza a más de 1400 casos en La Araucanía, y a cerca del 90% de familias ubicadas en los campamentos de la región. En la ciudad de Temuco, considerando el catastro a sólo una fracción de 14 campamentos del total, se cuentan en cerca de 3000 las personas ahí residentes, las cuales tras ya mas de un año han visto no solo vulnerado su derecho humano al agua para consumo humano e higiene, sino que también su derecho a la salud y la vida cuando el incumplimiento de la provisión del vital elemento por parte del municipio instala condiciones de riesgo sanitario agudo en contexto de pandemia. Estas degradantes consecuencias son las que dejan en evidencia el carácter pernicioso de una política municipal impropiamente negligente y desafectada de las necesidades de aquellos que – debiendo acoger – excluye sistemáticamente. Es la política de construir la ciudad para unos en contra de otros.

¿Qué aportes significativos podría realizar la arquitectura para enfrentar la crisis por la cual atravesamos como sociedad, especialmente en la región de La Araucanía?

En línea con el proceso político en curso, en el que transitamos cambios sociales y culturales decisivos para superar el riesgo generalizado instalado por el neoliberalismo, el aporte principal de la Arquitectura es facilitar medios de representación del espacio y modelamiento de los hábitats humanos que propicien la reconstitución del tejido social y la revalidación y revaloración de lo público como dimensión fundante de la ciudad, aquella en la que se produce la Política. Y una misión así implica, como uno de sus flancos, pensar diseños para tomar la reducida disposición de espacios de aprovechamiento social que deja la presión inmobiliaria en la ciudad y ver como logramos en esos espacios resolver estas otras necesidades, de naturaleza más propiamente cultural, que ahora tras el “estallido” pulsan con tanta presión y relevancia, incluso más que las puramente económicas o de consumo. Concomitantemente, surgirán nuevas directrices que un Arquitecto en la ciudad de Temuco deberá integrar en el diseño de su ecuación urbana cuando busque comprender los procesos de movilidad y ascenso social: la Interculturalidad, fenómeno emergente en asentamientos en los que convergen migrantes nocionales que provienen del campo, muchos de origen mapuche, migrantes haitianos, colombianos, etc., concepto que se hace cargo de comprender articuladamente las distintas formas de habitar que integran asentamientos precarios en transición, cómo se interrelacionan los particulares modos de entender los roles familiares, los valores que regulan su conducta, sus pautas de vida doméstica y de relacionamiento con la comunidad; la Interseccionalidad será otra directriz a considerar, aquel concepto que describe el modo en que distintas frentes de vulneración impactan la vida de las mujeres “jefas de hogar”, como muchas de quienes hacen mayoría en los campamentos. Una Arquitectura contingente, responsable y consciente será aquella que se haga cargo de visibilizar, validar y promocionar la dignidad de la diferencia, y de su legitimidad para integrar la ciudad sin perder la propia identidad, en un marco de relaciones sociales que buque desmantelar la brecha que en múltiples sentidos y de forma interdependiente han producido factores de dominación y exclusión que ordenan nuestra vida hasta haberla hacho insostenible.

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