Entrevista directa

Salvador Millaleo: Derechos Humanos y pueblos indígenas de Chile.

En esta oportunidad conversamos con el reconocido abogado Salvador Millaleo* sobre sesgo policial contra el pueblo mapuche, sobre violación de los DDHH de los pueblos indígenas de Chile y la oportunidad que significa la elaboración de una nueva constitución. En sus palabras: debemos: “despertar de este sueño que nos han tratado de traspasar las élites, que es más bien una pesadilla, de que somos una única nación, en circunstancias que siempre hemos sido una pléyade de naciones que habita un mismo territorio y que pueden convivir y pueden entenderse de manera pacífica, de manera enriquecedora entre todos nosotros, entonces la diferencia no es una amenaza a nuestra identidad, sino mas bien es un recurso de enriquecimiento de las identidades”.

Partiendo de la base en que se reconoce una violación en los últimos años de los DDHH del pueblo mapuche ¿Cuáles son las principales situaciones que están asociadas a la violación de DDHH del pueblo mapuche?

A mi juicio hay un problema de fondo, que está detrás del resto. Por cierto que hay un conjunto de violaciones que se han hecho más visibles por la violencia que involucran, pero en el fondo todo está en el desconocimiento de la autodeterminación del pueblo mapuche, esto es derechos que tienen en virtud del artículo 3° de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, a determinar dentro del Estado, por cierto, pero a determinar y definir su propio estatus político y perseguir libremente su propio bienestar político, social, económico y cultural. Eso es lo que está detrás, el Estado de Chile no reconoce al pueblo mapuche como un sujeto político y por ello evita cualquier forma de arreglos, de acuerdos que signifiquen una discusión sobre una posible redistribución del poder con ellos, o sea, el Estado no está dispuesto a ceder poder, a reconocerles espacios propios a los pueblos indígenas y esto es lo que está detrás de todo; esto tiene un conjunto de consecuencias, el pueblo mapuche no tiene una representación especial en el congreso ni en otros lugares donde se tomen decisiones que los afectan, no tiene un reconocimiento adecuado a su propio sistema normativo, no se reconocen sus propias autoridades tradicionales. Existe un derecho de consulta indígena en virtud del convenio 169 pero éste, simplemente de manera reducida y no de la manera adecuada de acuerdo a los estándares internacionales. Y bueno, esto es lo que está en el fondo. Lo que sin duda ha sido lo más visible son las lesiones a la integridad física e incluso la vida cuando la han perdido muchos jóvenes mapuche sobre todo, perdido la vida en circunstancias bien extrañas, ya sea directamente provocadas directamente por agentes del Estado ya sea en circunstancias que no han sido esclarecidas debidamente por la autoridad y en eso observamos un sesgo bastante fuerte en la acción del sistema penal cuando investiga hechos respecto de los cuales están  imputadas personas mapuche; que cuando investiga cuando son víctimas mapuche. Estas vulneraciones, que son vulneraciones graves también afectan por ejemplo a los niños y esto ha sido objeto de varias observaciones por parte del comité de derechos del niño de las Naciones Unidas sobre todo en los allanamientos y en la forma de represión de las protestas que alcanza a afectar a la infancia indígena de diversas maneras, incluso con denuncias de malos tratos e incluso con tratos inhumanos e incluso tortura. También está el caso de las mujeres indígenas que también han sido sometidas a esos tratos crueles y humanamente degradantes, recordemos el caso de Lorenza Cayuhan que fue obligada a mantener grilletes mientras estaba dando a luz para el trabajo de parto y en fin, tantos otros casos donde uno ve los casos de violencia innecesaria que afecta la integridad física de las personas mapuche y donde la respuesta del Estado es una respuesta lenta o una investigación inexistente de esta situación. También hay que incluir acá acciones donde el Estado derechamente hace montajes, es decir maniobras de engaño para culpabilizar, para privar de libertad a personas mapuche sin ningún fundamento real, como en el caso de la operación huracán, entonces estamos también frente a vulneraciones de derechos individuales, que son los más básicos: la vida, la integridad, la libertad y a ello hay que adicionar los derechos colectivos de índole territorial, es decir, la ineficacia del Estado por proveer una solución al tema de las tierras perdidas a las cuales tienen derecho los pueblos indígenas por haberlas habitado ancestralmente; el no garantizar el acceso a los recursos naturales de sus territorios y además vulneraciones respecto de los derechos culturales y lingüísticos de los pueblos indígenas, esto es que el Estado no tiene una acción relevante en materia de defensa de las lenguas indígenas, de protección y fomento de las lenguas indígenas y tampoco ha protegido el patrimonio cultural de los pueblos indígenas que han estado siendo en estos últimos tiempos objeto de apropiación por parte de terceros, fundamentalmente empresas sin consentimiento y sin participación de los beneficios de los pueblos indígenas. Eso como un gran resumen de un inventario o esquema de las vulneraciones más graves a los derechos de los pueblos indígenas, o sea, atrás está todo lo político, pero lo que por cierto es más visible son las violaciones graves de índole física a la integridad de las personas, también a su libertad, pero además está una serie de vulneraciones a los derechos territoriales, culturales y lingüísticos del pueblo mapuche y de los otros pueblos indígenas. Esta situación no es exclusiva del pueblo mapuche.

Un elemento muy importante para esclarecer frente a la opinión pública lo que son las responsabilidades del Estado, a tu juicio ¿Qué agentes del Estado o del campo social que gira en torno al Estado como campo institucional, son los que a tu juicio están detrás de estas violaciones a los DDHH?

Como se trata de un panorama bastante múltiple, no hay un solo agente, más bien yo diría que es todo el Estado el que está de alguna manera involucrado y que tiene responsabilidad por acción o por omisión. Sin duda en el tema de vulneraciones a la integridad física uno tiene que recalcar que las policías, sobre todo Carabineros de Chile, han sido un agente fundamental en cuanto a violencia innecesaria y desproporcionada y que en su acción uno puede notar que, en un balance genérico, un sesgo en contra del pueblo mapuche que eso es algo que uno puede ver en distintas sociedades donde hay un racismo y la policía tiende a reproducir este mismo sesgo racista en su acción y eso se expresa no protegiendo a las personas que pertenecen a determinado grupo étnico, o bien criminalizándola desproporcionadamente. Creo que es ese el caso específicamente de Carabineros de Chile, pero respecto de los otros temas, por cierto, son todas las élites del Estado. Tanto los gobiernos como los parlamentos han fallado a la hora de reconocer los derechos políticos de los pueblos indígenas, ó en el caso particular de los gobiernos -y esto es muy transversal políticamente-, han tratado, los derechos que hay, de desfigurarlos, delimitarlos. Es el caso del derecho a la consulta indígena que tiene una implementación bastante deficitaria, muy pocos casos donde uno pueda decir ajustada, adecuada y en muchos casos está desfigurada y excesivamente limitada por la regulación e implementación interna y esto es el Estado a todos los niveles. Los municipios no hacen consulta indígena cuando toman decisiones relevantes, hay municipios que simplemente no consideran los intereses de los pueblos, así es que esto es a todo nivel, los tribunales de justicia no tienen una capacitación relevante en materia de aspectos interculturales de la justicia, que éstos toman muchas veces de manera desfigurada, etc., entonces son todos los poderes del Estado los que de alguna manera, por acción u omisión, tienen una deuda en cuanto a los DDHH del pueblo mapuche.

Durante el último mes tuvimos en la región la visita del director nacional del INDH, quien se reunió con los comuneros en huelga de hambre, pero también con privados o particulares que se han agrupado bajo la idea de víctimas de la violencia rural. Muchas de estas víctimas de violencia rural también son privados que están hoy día en pugna por conflictos de tierras, tierra que tiene no tan sólo un derecho ancestral, sino que también un derecho legal, producto que devienen de títulos de merced que el propio Estado entregó. Esta suerte de empate entre víctimas, sin un horizonte de justicia mayor, que sería más bien moral que basado en algo legal ¿Crees que contribuya a solucionar los problemas, toda vez que en el fondo de los conflictos que existen en La Araucanía y que derivan en violación de DDHH, está el problema de la tierra?

En primer lugar esta entrevista yo no la doy como vocero del INDH. Soy sólo uno de sus consejeros, de un total de once integrantes, más bien hablo a título personal, pero respecto de las visitas del director, fue en un contexto en el cual el INDH decidió concentrar sus esfuerzos en cuanto a las huelgas de hambre por, primero, lo que significan directamente la amenaza a la vida de los huelguistas; segundo, porque había aspectos de DDHH que eran claramente relevantes, que la aplicación del convenio 169 al cumplimiento de condena y tercero por las posibles consecuencias de un posible desenlace fatal para la conflictividad en la región que de todas maneras iba a producir más violaciones a los DDHH que se incrementaba o escalaba esa conflictividad producto de las muertes de uno de los huelguistas entonces, en ese contexto también hubo otras reuniones con otras agrupaciones y otras personas, incluyendo personas que se denominan a sí mismas como víctimas  de violencia rural. En este sentido el INDH tiene como misión velar por los DDHH de todos, entonces, en situaciones tan complejas como la de La Araucanía, como INDH no tenemos problema en reunirnos y en escuchar las dimensiones de DDHH que nos quieran hacer ver tanto personas que han cometido algún delito, por ejemplo lo mapuches que estaban presos por algún delito, pero que estaban haciendo ver algún punto de vista de DDHH, como personas que puedan estar en conflicto de tierras, pero que han sido víctimas o se dicen víctimas de delitos de violencia, entonces en ese sentido también nosotros estamos disponibles para escucharlos. Lo otro que es muy distinto es que nosotros nos parcialicemos con alguna tienda política en particular, que es algo que no podemos y no debemos hacer. La idea nuestra como INDH en ese sentido es tratar de que todos los elementos de vulneración a los DDHH que están en juego en el sur, producto de todas las violencias tanto las históricas como las recientes que existen, puedan transitar a formas de diálogo, a formas resolutivas de los conflictos. Ese es el ánimo de esas reuniones, no generar compromisos ni ser capturados por una agenda en particular, ni por la agenda política de los presos en huelga, ni por la agenda de otros grupos, como las víctimas de la violencia rural, sino más bien es mantener los canales abiertos por todos y la verdad todo el mundo puede solicitar una reunión con los consejeros o con la dirección del INDH y hacer ver sus puntos y vamos a considerar todos los puntos de vista, ahora, nuestra perspectiva es la perspectiva de los DDHH y no podemos casarnos con ninguna de las perspectivas, por lo menos en la dimensión política y ninguna perspectiva ni agenda política parcial dentro de la región.

Retomando el caso específico del comportamiento y del accionar del sistema judicial hemos visto que durante el último tiempo se han presentado una serie de controversias por determinaciones de los tribunales, que a juicio de la ciudadanía contravienen el ideario de justicia que ésta tiene. Pensemos en el caso de Ámbar, en el caso de Martín Pradenas, acá en La Araucanía. En el caso específico mapuche ¿Por qué crees que se ven casos de imputados que tienen prisión preventiva, pero de acuerdo al proceso penal no presentan las condiciones para estar en situación de prisión preventiva con juicios que se extienden y que luego concluyen en una libertad absoluta y en una absolución de los cargos, cuáles crees que son los problemas que presentaría el poder judicial y que devienen finalmente en esta problemática de carácter social y política?

Esa es una observación que uno puede hacer de la globalidad de la justicia, que hay diversos elementos donde uno puede ver que no existe en sentido estricto una misma vara a la hora de considerar diversos hechos, esto tanto para el poder judicial como para el ministerio público. O sea, observamos ciertos hechos, como el de los camioneros con posibles cortes de caminos, bloqueos inclusive de ambulancias, en fin y la reacción del Estado es una reacción de tolerancia frente a situaciones de cortes de caminos o de amenaza, que frente a una comunidad mapuche despierta una fuerte represión policial, entonces ahí tenemos diversos índices de una diversidad de respuestas que la ciudadanía no entiende y eso va más allá de los tecnicismos porque son efectivamente las mismas normas las que están en juego cuando uno decide sobre la libertad provisional y mantiene a presos mapuche durante mucho tiempo por procesos donde hay un solo testimonio o un testigo encubierto, sin rostro, que es uno solo que sindica a alguien y luego toda la evidencia se cae y se absuelven o se recalifica el delito al final, pero con prolongados periodos de prisión preventiva. Eso es un índice de cómo la justicia no opera con el mismo rasero respecto de personas que normalmente pertenecen a los sectores más poderosos y eso se reproduce tanto en el tema indígena como en otros temas cuando se trata de violencia contra las mujeres o cuando se trata de los llamados delitos de cuello blanco, es decir, acciones de corrupción que involucra a sujetos activos a sujetos muy poderosos que en definitivas la respuesta del Estado es una respuesta más blanda a la hora de su tratamiento penal, judicial o policial respecto de otras personas.

¿A tu juicio el problema está en la base legal, en los propios agentes del ministerio público o en los jueces propiamente, quienes no estarían aplicando esta ley que ya señala caminos de justicia para toda la población?

Teniendo las mismas leyes vemos una aplicación diferenciada, entonces el problema no es exclusivamente la base legal. Por cierto la base legal debería tener ciertos elementos que trataron de impedir esto, o sea prisiones preventivas deberían tener un tope máximo, sin duda independientemente según el tipo de delito que se impute. Eso debería estar regulado de manera muy estricta para evitar estos abusos, pero con la misma base legal vemos decisiones judiciales o gestiones policiales que son completamente diferentes, así es que el problema no es exclusivamente la base legal.

Nuestra base legal contempla sanciones administrativas para quienes incurren en este tipo de errores, en este caso de procedimiento y de trabajo; errores laborales. Cualquier persona en Chile que se equivoca en su trabajo obviamente que es conminado a mejorar su trabajo o simplemente es despedido ¿En el caso del poder judicial o carabineros, sucede ello; es necesario incorporar este tipo de medidas?

En el caso particular del poder judicial existía antes y se ha ido desdibujando el error judicial; en otros países existen posibilidades al menos de indemnización cuando alguien es víctima de una decisión judicial que ha sido equivocada y que alguien haya sido privado de derechos de una manera significativa. Existen procedimientos para reparar esto y las responsabilidades dependiendo si hay alguna acción dolosa o alguna omisión bastante grave, también existe en otras partes procedimientos, pero nosotros no tenemos eso acá. En cuanto a las policías, efectivamente nosotros tenemos un derecho penal que en el caso de violencia innecesaria y otros delitos que comentan las policías en su actuación, sí existe, pero aquí hay un grave problema que en definitivas es la defensa corporativa que hace la policía de sus propios miembros que impide su responsabilización. Ya hemos visto los sumarios por el caso de Fabiola Campillay y a otras víctimas  de violencia policial en el marco del estallido social y donde los sumarios internos de la policía evitaban cualquier responsabilidad y uno puede asumir casi que los carabineros estaban tapando a los responsables y al fin tuvieron que corregir esa situación, entonces ahí, lo que se requiere en las policías es una cirugía mayor que haga efectivos controles para que normas sustantivas de responsabilidad penal por lo que hacen cuando lo hacen de manera amañada en responsabilizar a alguien o tienen una omisión grave, que eso se puede hacer efectivo porque de pronto es letra muerta frente a la protección corporativa que hacen sus efectivos, en la policía de carabineros, sobre todo.

Ya desde el comienzo de la década del noventa el movimiento mapuche y luego la sociedad chilena, la academia también levantan la tesis del derecho internacional como la salida a los derechos indígenas conculcados históricamente por el Estado y la sociedad chilena ¿Cuánto se ha avanzado en Chile y qué contribuciones debiera hacer un escenario de nueva constitución para incorporar plenamente el derecho internacional, asociados a los pueblos indígenas?

Efectivamente hay una apelación al movimiento indígena, al derecho internacional de los DDHH que ha tenido una evolución bastante notable en los últimos treinta años sobre los derechos de los pueblos indígenas, sin embargo la mayor parte de ese derecho requiere de que exista, no solo la firma de un tratado, sino que en gran parte se requiere que existan normas internas que lo hagan aplicable, de lo contrario subsisten, como hasta el día de hoy, brechas de implementación del derecho internacional tremendamente fuertes. Nosotros tenemos algunos artículos, por ejemplo el convenio 169 sobre la consulta indígena, que son autoejecutables según lo ha señalado el tribunal constitucional, en cambio al resto requiere de una implementación interna que el poder legislativo y el poder ejecutivo no han querido ejercer, entonces por eso el derecho internacional es más bien un recurso teórico y requiere de un esfuerzo interno y precisamente un proceso constituyente la capacidad que pueda tener es para incorporar este derecho internacional a lo que es la estructura interna del país y eso es lo que se demanda cuando uno habla de un reconocimiento constitucional al estado del arte. Esto significa de acuerdo a lo que corresponde en la evolución actual del derecho internacional de los DDHH, con lo que señala el convenio 169, sino que también las declaraciones de derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas y de la OEA, la convención de diversidad biológica, el tratado sobre los recursos genéticos de alimentación  para la agricultura, el acuerdo de París sobre cambio climático, en fin, un conjunto de normativas que tienen una variedad de derechos que en Chile no existen, cuya implementación nos ayudaría bastante a generar un marco más equitativo para los pueblos indígenas.

¿Cuál sería el dispositivo jurídico que permitiría, en una nueva constitución, incorporar el derecho internacional, avanzando hacia el uso del reconocimiento de derechos indígenas?

Creo que lo clave es incorporar el derecho, que es fundamento de todos los demás, que es la autodeterminación en su fase interna. La autodeterminación de los pueblos indígenas en su fase interna no significa la secesión ni la construcción de su propio Estado, sino que el Estado tiene que respetar el derecho de los pueblos a decidir su propio bienestar político, económico, social y cultural dentro del país y eso involucra que el Estado tiene que generar acuerdos de distribución de poder de los pueblos indígenas. Eso me parece que es lo clave de nombrar y, con respecto de eso de los derechos a la tierra, los derechos culturales son fundamentales, pero no necesariamente tienen que ir todos los detalles, porque son un conjunto de más de treinta derechos y no necesariamente pueden ir todos los detalles en una carta constitucional, pero si los aspectos más básicos que se puedan ir desarrollando después a nivel legislativo y después de políticas públicas.

Por último y saliéndonos de la esfera del Estado, la sociedad chilena, digamos los y las ciudadanas de Chile, pensando en el territorio del país ¿Qué esfuerzos debieran hacer y cuál es la situación en que hoy día se encuentran frente a los derechos indígenas, no sólo del pueblo mapuche, sino que de todas las comunidades indígenas del país?

Primero despertar de este sueño que nos han tratado de traspasar las élites, que es más bien una pesadilla, de que somos una única nación, en circunstancias que siempre hemos sido una pléyade de naciones que habita un mismo territorio y que pueden convivir y pueden entenderse de manera pacífica, de manera enriquecedora entre todos nosotros, entonces la diferencia no es una amenaza a nuestra identidad, sino mas bien es un recurso de enriquecimiento de las identidades. Ser chileno no contradice ser mapuche, o ser aymara o rapa nui, sino que uno puede ser chileno y a la vez seguir siendo parte de estos pueblos, sin que para ser chileno tenga que renunciar a su identidad cultural. Esa actitud creo que ha ido avanzando, pero nos queda camino por recorrer. Hay mucha gente que se entusiasmó con esta solidaridad espontánea del pueblo de Chile con el pueblo mapuche cuando enarbolaba su bandera en el estallido social masivamente, pero lo que pasó en Curacautín, este grupo de gente que manifestó dichos racistas con actitudes racistas, incluso con violencia contra el pueblo mapuche, nos dice que nos falta mucho por recorrer, que todavía hay pensamientos y actitudes de supremacía racial que es un invento de las élites, pero que algunos sectores populares todavía asumen. Nos falta camino por recorrer en descubrir que nuestra “maravillosa morenidad”, como dice el Premio Nacional de Literatura Elicura Chihuailaf, de la cual todos somos parte y nos iguala como distintas naciones sobre un mismo suelo. Yo creo que es un camino que hemos ido avanzando, que va a avanzar más todavía, mas rápido en este proceso constituyente, pero que tiene trayecto todavía por recorrer.

* Salvador Millaleo es abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile; Doctor en Sociología de la Universidad de Bielefeld (Alemania). Ha sido profesor de las asignaturas de Introducción al Derecho, Sociología del Derecho y Teoría Sociológica en las Universidades Diego Portales, Alberto Hurtado y Andrés Bello, respectivamente.

Desde 2011 es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. En dicha facultad ha sido director de Investigación, coordinador del Centro de Estudios en Derecho Informático, miembro del Comité del Doctorado en Derecho, así como investigador del Centro de Derechos Humanos y editor general del Anuario de Derechos Humanos.

En el ámbito público fue Director del Programa de Derechos Indígenas de la Fundación Chile 21, Coordinador del Programa Indígena del Instituto Igualdad, integrante de la Comisión de Evaluación del Sistema de Evaluación Ambiental y miembro del Consejo Ciudadano de Observadores del Proceso Constituyente Chileno.

Fue designado como consejero del INDH por el Senado, por un periodo comprendido entre el 2 de julio de 2019 y el 2 de julio de 2025.

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